EthiFinance Ratings, agencia europea independiente de calificación crediticia, mantiene la calificación crediticia de la Xunta de Galicia en BBB+, con tendencia Estable, respaldado por el favorable perfil social de la región, sus bajos niveles de deuda y la progresiva disminución de la dependencia de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico. Además, destaca el sólido marco institucional y la estabilidad gubernamental. Sin embargo, persisten algunas limitaciones relacionadas con los retos estructurales de la región y el incremento del gasto público en los últimos años.
En concreto, la agencia de calificación recoge una revisión al alza del crecimiento de la Xunta de Galicia 0,4 puntos porcentuales en 2024, del 1,9% al 2,3%, debido al “buen desempeño económico en los primeros meses del año”, especialmente por el sector turístico, aunque se sitúa por debajo de la media nacional. Además, se espera una leve ralentización del crecimiento en 2025, con un 2,1%, nuevamente por debajo de la media nacional, al igual que el PIB per cápita, que en el periodo 2020-2022 se situó en un 91,7% de la media española.
El informe señala que la situación social de la Xunta de Galicia se mantiene en el rango medio-alto, “respaldada por una tendencia decreciente del desempleo, que se sitúa notablemente por debajo de la media nacional”, con niveles que no se observaban “desde la crisis de 2008”. Sin embargo, EthiFinance Ratings destaca que la región sufre limitaciones derivadas de problemas estructurales que comparte con el resto de España, como el elevado envejecimiento de la población, y que generan presiones sobre el crecimiento potencial de la región y sobre el gasto público.
En el ámbito de las finanzas públicas, el estudio afirma que representan un “desafío para la calificación”, tanto por el aumento del gasto postpandemia como por la dependencia de las transferencias de la Administración Central, si bien mantiene “superávits en el ahorro bruto”. A este respecto, EthiFinance Ratings destaca la Propuesta de Presupuestos de 2025, donde la Xunta “prevé mantener la responsabilidad fiscal que ha venido aplicado en los últimos años”. El informe señala que la ejecución presupuestaria de 2023 a diciembre ha generado un déficit del 0,1% del PIB, “por debajo de la media de las comunidades autónomas”.
Así, el perfil de endeudamiento de la Xunta es favorable, situándose entre las regiones con una ratio deuda/PIB más bajo (15,7%), y con una carga financiera reducida (1,6% y 1,7% de los ingresos corrientes previstos para 2024 y 2025, respectivamente), a pesar del aumento de los tipos de interés. Además, el texto señala que “se observa una tendencia descendente en la deuda”, que se espera continúe este año y el próximo (14,6% y 14,1% del PIB), impulsada por el superávit previsto al cierre del ejercicio.
Por otro lado, la agencia de calificación destaca el marco institucional de la región, situándola en el rango alto de la metodología, por la adecuada estabilidad gubernamental favorecida por las sucesivas mayorías absolutas que sustenta el gobierno de la región desde 2009, lo que facilita la implementación de medidas, la previsibilidad política y la aprobación de presupuestos.
En el ámbito de las políticas ESG, el estudio destaca que “los avances son evidentes, aunque acompañados de notables riesgos, especialmente en el ámbito medioambiental”, derivados del incremento de la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales. Sin embargo, EthiFinance Ratings subraya la “elevada capacidad de energías renovables”, 20 puntos porcentuales por encima de la media nacional, y la “tendencia a la baja más pronunciada en las emisiones de gases de efecto invernadero”. Por su parte, en el plano social, el estudio señala que, a pesar de tener niveles de riqueza por debajo de la media nacional, “muestra mejores niveles de equidad”. El Índice de Gini se situó en el 25,2 en 2022 y la tasa AROPE en el 19,4%, por debajo de la media nacional en ambos casos.
Finalmente, el estudio de EthiFinance Ratings señala cuatro debilidades a vigilar por la Xunta de Galicia: la elevada tasa de dependencia, en línea con la situación del conjunto del país, la alta dependencia de las transferencias de la Administración central; los niveles de crecimiento y PIB per cápita por debajo de la media nacional; y el aumento significativo del gasto operativo y de capital, lo que “podría generar una mayor presión sobre las finanzas públicas”.